La Asociación Nacional de AFAP a las autoridades nacionales y la opinión pública

Frente a esa posibilidad, nuestra Asociación desea manifestar que:

1. La mejora prometida para el trabajador es inexistente.

Los cálculos que ANAFAP presentó en el Diálogo Social son contundentes. Aún eliminando toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%. Esto además implica que todo el costo actual sería absorbido por un nuevo ente estatal, que requeriría financiamiento a través de impuestos, tasas o mecanismos ideados para ese fin, o en su defecto, con más déficit.

Uruguay ya tiene la comisión efectiva más baja de América Latina y cada AFAP administra cientos de miles de cuentas. Las eficiencias de escala han sido desarrolladas por la competitividad hace tiempo.

Han quedado desatendidas, al menos por ahora, las aspiraciones de dar respuesta a lo que efectivamente son elementos sustanciales para las mejoras de las prestaciones jubilatorias provenientes del ahorro individual, como es una mejora en los esquemas de inversión (ANAFAP presentó una estimación de un 20% de mejora en el proceso de ahorro) y el atender un problema claro en el proceso de rentas vitalicias, donde opera un monopolio de hecho.

2. El afiliado deja de ser cliente y pasa a ser un usuario cautivo de un único organismo estatal

Hoy una AFAP es una entidad del tipo fiduciario, donde es responsable directa frente a cada afiliado por la administración de sus ahorros. Los niveles de exactitud en los cálculos del patrimonio de cada cliente son de 6 dígitos decimales. Con esta propuesta el cliente pierde un vínculo jurídico directo como el que tiene al elegir su AFAP, donde hoy puede cambiarse y exigirle cuentas directamente o incluso ante el Banco Central del Uruguay.

Las AFAP operan bajo supervisión rigurosa, con estándares de servicio y de gestión auditables, sancionables e intervenibles. Como entidades privadas, han sido intachables gestoras de las cuentas de los clientes.

La propuesta cambia esa naturaleza. Convierte a las AFAP en proveedoras del Estado y el afiliado deja de ser cliente y pasa a ser usuario cautivo de un único organismo administrador, quitándole la posibilidad de elección.

Las decisiones sobre el ahorro previsional de 1,7 millones de personas dejan de tomarse con la lógica de servir a un cliente que puede reclamar y elegir, y pasan a tomarse con la lógica de administrar una masa cautiva. Es un cambio de naturaleza y de entendimiento de qué puede y debe realizar el Estado y qué pueden y deben, realizar los privados.

3. En los hechos es una estatización.

Las AFAP son empresas privadas, en competencia entre sí, con 30 años de trayectoria, sometidas a supervisión rigurosa del Banco Central del Uruguay. El afiliado es árbitro último ya que si no está conforme, cambia de administradora.

La propuesta reemplaza ese esquema por un organismo estatal único. Es por definición, una estatización. Uruguay tiene experiencia con la administración estatal de funciones de la seguridad social. Esa experiencia, observable por cualquier ciudadano, no respalda la idea de que trasladar una actividad hoy privada, competitiva y rigurosamente supervisada, a un ámbito estatal monopólico, vaya a mejorar la atención al afiliado. La evidencia apunta en sentido contrario.

4. La medida es un paso hacia una agenda que la ciudadanía ya rechazó.

En 2024, más del 61% de los uruguayos rechazó en las urnas una reforma que buscaba eliminar las AFAP. Promotores de aquel proceso han reconocido públicamente que una medida como la que hoy se recomienda constituye un avance en la dirección de lo que entonces se propuso.

La medida funciona como una etapa dentro de una transformación del sistema de ahorro individual que ya fue sometida al escrutinio ciudadano y fue rechazada. Ese hecho es parte del contexto y debe formar parte de la discusión, ya que la trayectoria hacia donde se embarcaría tiene un fin declarado y acercarse a él supone irreversiblemente desconocer el pronunciamiento en las urnas.

ANAFAP valora la tarea llevada adelante por los integrantes del Diálogo Social como ámbito para fortalecer el sistema previsional. Hay muchas líneas de trabajo donde las administradoras estamos dispuestas a aportar como siempre lo hemos hecho.

Sin embargo, lo que está en discusión con esta propuesta no es nada de eso. Lo que está en discusión es si el trabajador uruguayo seguirá teniendo un administrador responsable frente a él, elegido por él y exigible por él, o pasará a depender de un organismo estatal único frente al cual no tendrá derecho de elección ni de reclamo.

Los 30 años del sistema muestran que invirtiendo el ahorro de nuestros afiliados a largo plazo, con rigor, profesionalismo y visión global, los uruguayos ganan, y ese es el compromiso de las AFAP.