ARU advirtió que restricciones productivas en el Santa Lucía comprometen el crecimiento económico y propuso alternativas al proyecto Casupá

Durante su exposición, Ferber subrayó que el desarrollo social del país es indisoluble del éxito del sector productivo, que hoy representa el 78% de las exportaciones de bienes con un total de USD 10.500 millones. En este marco, trazó una hoja de ruta basada en tres ejes estratégicos: la evolución del uso del suelo, la ganadería de carne y la situación de la cuenca del Santa Lucía.

Respecto a la evolución del uso del suelo, Ferber señaló que el país tiene un potencial de crecimiento de USD 2.000 millones adicionales en su producción si los estímulos se enfocan correctamente. En este sentido, afirmó que el objetivo debe ser aumentar el área destinada a la forestación, la agricultura y las pasturas artificiales, transformando campos de menor rendimiento en sistemas más intensivos y eficientes que dinamicen la economía nacional.

En cuanto a la ganadería de carne, el presidente de la ARU destacó que las exportaciones bovinas alcanzaron un récord histórico en 2025, con ingresos medios en los niveles más altos de las últimas décadas. Del total exportado por el agro, el bloque compuesto por carne, subproductos y animales en pie representó USD 3.700 millones.

En este contexto, hizo una defensa cerrada de la exportación de ganado en pie, definiéndola como una herramienta esencial y un «regulador» indispensable para el mercado. Ferber enfatizó que mantener esta vía de comercialización abierta es fundamental para garantizar la libre competencia y asegurar que el productor reciba un precio justo por su hacienda, evitando distorsiones que afecten la rentabilidad del eslabón primario.

Finalmente, Ferber abordó la situación de la Cuenca del Santa Lucía, una zona de 1,3 millones de hectáreas donde el 71% se dedica a la ganadería y lechería, generando el 28% del PIB agropecuario (USD 1.500 millones).

El dirigente expresó su profunda preocupación por las restricciones ambientales vinculadas al Proyecto Casupá, denunciando que las zonas de exclusión de hasta 100 metros —donde se prohíbe el laboreo y uso de agroquímicos— junto con la suspensión de nuevas inversiones en engorde a corral, actúan como un fuerte desestímulo que topea los rendimientos. Advirtió que una caída de apenas el 10% en el producto de la cuenca debido a estas prohibiciones representaría una pérdida de USD 150 millones.

Como alternativa, propuso considerar la opción de Juan Lacaze, señalando que podría estar operativa en tres años sin castigar la capacidad productiva de la región. Según los datos de la ARU, si se levantaran las actuales restricciones productivas, el incremento de la actividad permitiría cubrir el costo de traer toda el agua desde Juan Lacaze en un plazo de solo cinco años, transformando un escenario de limitaciones en una oportunidad de crecimiento sostenible y aprovechamiento de la infraestructura disponible.