Autoridades dialogaron sobre la gestión del agua y los aprendizajes de la crisis hídrica

Con el objetivo de abordar la crisis hídrica y reflexionar acerca del vínculo entre la gestión del recurso y las brechas de género, la Alianza Uruguaya por el Agua (AUA) organizó el conversatorio “El agua y la igualdad de género: donde fluye el agua, crece la igualdad”, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Ministerio de Ambiente.

El evento, desarrollado en el marco de las actividades por el Día Mundial del Agua, contó con la participación de la directora nacional de Aguas, Teresa Sastre, y la directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Verónica Piñeiro.

El lema de este año del Día Mundial del Agua fue “Género y Agua”, una temática impulsada por Naciones Unidas que pone el foco en cómo las desigualdades en el acceso, la gestión y la toma de decisiones vinculadas al recurso afectan de manera diferenciada a mujeres y niñas.

A nivel global son las mujeres quienes suelen asumir la mayor carga en la provisión y el cuidado del agua en los hogares, lo que impacta en su tiempo disponible, oportunidades educativas y desarrollo económico. Al mismo tiempo, continúan estando subrepresentadas en los espacios de liderazgo y definición de políticas hídricas.

En su exposición, Piñeiro subrayó que el desafío no se limita al acceso al agua potable, sino que es necesario avanzar hacia “un enfoque de seguridad hídrica”. Esto implica garantizar la disponibilidad de agua de calidad para el consumo y las actividades cotidianas, productivas, recreativas y de saneamiento.

En ese marco, puso énfasis en la necesidad de proteger a las poblaciones más vulnerables frente a sequías, inundaciones y dificultades de acceso, a través de políticas públicas que aseguren sus derechos.

“Es fundamental reconocer la intersección entre pobreza y género en relación con la seguridad hídrica. Esta situación impacta con mayor fuerza en las mujeres más pobres, lo que contrasta con su menor participación en los espacios de decisión vinculados a la gobernanza del agua. Por eso es clave incorporar a estas poblaciones en los procesos de toma de decisiones y avanzar en políticas públicas que reduzcan las inequidades”, afirmó.

Por su parte, Sastre destacó que en la formulación del presupuesto 2026–2029 se encuentran definidas las principales líneas de acción en materia de agua, “con foco en fortalecer la seguridad hídrica y la gestión sostenible del recurso”. Al respecto, señaló avances institucionales que no implican costos adicionales, como el fortalecimiento de capacidades de la Dirección Nacional de Aguas para emitir advertencias hidrológicas ante eventos de déficit o inundaciones, así como la mejora en los sistemas de información y generación de datos para la toma de decisiones.

Asimismo, repasó las prioridades vinculadas al cuidado de ecosistemas para mejorar la calidad del agua, el acceso a agua potable, el saneamiento y la producción. Mencionó avances en la evaluación del proyecto de la represa de Casupá, la implementación del plan de universalización del saneamiento, y destacó que Uruguay se encuentra en una posición favorable en acceso a agua segura y saneamiento, con niveles de inequidad relativamente bajos en comparación con otros países.

A su vez, se refirió a las medidas para promover un uso más eficiente y sustentable del agua, como la creación de una comisión ejecutiva interministerial de riego, la simplificación de trámites para permisos, la adecuación de una guía de caudales ambientales y la incorporación de tecnología para monitorear en tiempo casi real el uso del recurso, en articulación con UTE. A esto se suma el desarrollo del sistema de información hídrica, la generación de boletines hidrológicos, el fortalecimiento de capacidades en aguas subterráneas y la mejora en los sistemas de otorgamiento y control de derechos de uso del recurso.

En cuanto a la adaptación climática, destacó políticas de prevención y respuesta ante sequías e inundaciones, incluyendo la elaboración de mapas de riesgo y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana. Finalmente, remarcó la importancia de la transversalidad, la descentralización y la participación a través de las comisiones de cuenca, así como la promoción de la educación, la comunicación, la investigación y el desarrollo de capacidades en torno al agua.

“La planificación hacia los próximos años pone el foco en consolidar una gestión del agua más eficiente, sostenible y basada en información. Esto implica no solo fortalecer las capacidades institucionales y los sistemas de monitoreo, sino también avanzar en la adaptación a la variabilidad climática, mejorar los mecanismos de control y promover una mayor participación en la toma de decisiones para asegurar el acceso y el uso responsable del recurso en todo el país”, afirmó.

Al finalizar, las jerarcas se refirieron a los principales aprendizajes que dejó la crisis hídrica que atravesó el país en 2023. Coincidieron en la necesidad de fortalecer la educación y la concientización sobre el uso responsable del agua, al señalar que aún persisten desafíos en los hábitos de consumo de la población.

A su vez, destacaron avances a nivel institucional, como la creación de un protocolo nacional de sequía y su adaptación por zonas del país, que permite anticiparse a escenarios críticos y tomar medidas de forma temprana para optimizar las reservas y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos extremos.